El Ministerio del Interior informó este 2 de marzo de 2026 sobre la detención de 10 ciudadanos panameños, residentes en Panamá, acusados de cometer “hechos de propaganda contra el orden constitucional cubano”, regulados en el artículo 124 del Código Penal.
Según la nota oficial, los detenidos ingresaron al país con el propósito de confeccionar letreros con contenido considerado “subversivo” y contrario al orden constitucional. De acuerdo con las investigaciones iniciales citadas por el MININT, una vez cumplida la supuesta misión, debían abandonar Cuba y, al regresar a Panamá, recibirían una suma de dinero que oscilaría entre mil y mil quinientos dólares cada uno.
Las autoridades aseguraron que los implicados habrían reconocido su participación en hechos ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.
La investigación, según el comunicado, continúa en curso.
La ley utilizada: el polémico artículo 124 del Código Penal
El delito que se les imputa está contemplado en el artículo 124 del Código Penal cubano, referente a propaganda contra el orden constitucional.
Esta disposición legal ha sido ampliamente cuestionada por activistas y organizaciones de derechos humanos, que señalan que dicha figura se ha utilizado en los últimos años para procesar y encarcelar a ciudadanos cubanos por publicaciones en redes sociales, críticas públicas al gobierno o expresiones consideradas contrarias al sistema político.
Diversos juristas independientes han argumentado que la redacción de este artículo es ambigua y permite una aplicación discrecional, lo que, en la práctica, ha sido interpretado como una limitación severa a la libertad de expresión.
En este contexto, el uso de la misma figura penal contra ciudadanos extranjeros añade un nuevo elemento al debate.
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Interrogantes sobre la versión oficial
Más allá del comunicado del MININT, el caso ha generado múltiples preguntas.
La versión oficial sostiene que los diez ciudadanos panameños habrían viajado a Cuba con la finalidad específica de confeccionar carteles de carácter subversivo, con la promesa de recibir entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.
Sin embargo, surgen interrogantes logísticas y económicas que no han sido aclaradas:
- ¿Quién financió el viaje?
- ¿Quién cubrió el costo de los boletos aéreos?
- ¿Quién pagó hospedaje, alimentación y transporte interno?
- ¿Por qué recurrir a ciudadanos extranjeros para realizar una acción que, según la acusación, consistía en colocar letreros?
Un pasaje internacional, la estadía en Cuba y los gastos asociados podrían superar con facilidad la cifra que supuestamente recibirían por la acción. Desde el punto de vista operativo, algunos observadores consideran poco lógico organizar un esquema internacional para una actividad de ese tipo.
Además, no se han presentado públicamente pruebas visuales, detalles sobre los carteles, ni evidencia que permita verificar la magnitud real de los hechos.
Un escenario que deja más preguntas que respuestas
Hasta el momento, la única versión disponible es la oficial, firmada por el Ministerio del Interior. No se han ofrecido detalles independientes ni declaraciones de los detenidos fuera del comunicado gubernamental.
El caso plantea preguntas sobre:
- La proporcionalidad de la acusación.
- El uso reiterado del artículo 124.
- Y la coherencia operativa del supuesto plan descrito.
Mientras continúan las investigaciones, el episodio se suma a un contexto marcado por tensiones políticas, control informativo y restricciones a la libertad de expresión en la isla.
Por ahora, lo que existe es una denuncia oficial y una narrativa que aún requiere mayor transparencia y verificación pública.