El Consejo de Ministros del régimen cubano aprobó autorizar a actores económicos no estatales a ofrecer servicios de cuidado a personas adultas mayores y en situación de discapacidad, según consta en la Gaceta Oficial de la República.
La medida, publicada este jueves en edición ordinaria, permite la creación de residencias de cuidados diurnos y permanentes gestionadas por privados, aunque bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública.
¿Qué establece el acuerdo?
De acuerdo con el texto oficial, al menos el 10% de las capacidades de estas residencias deberá destinarse a personas vulnerables, con tarifas reguladas o cubiertas por la Asistencia Social.
La normativa forma parte del denominado “Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida”, aprobado en agosto de 2024, y entra en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Un contexto de envejecimiento acelerado y crisis estructural
La autorización se produce en medio de un acelerado envejecimiento poblacional en Cuba, donde más del 20% de la población supera los 60 años, mientras el sistema estatal de asistencia social enfrenta serias limitaciones materiales, falta de personal y deterioro en infraestructuras.
Ahora, el régimen abre la puerta a la gestión privada de este tipo de servicios, algo impensable hace una década dentro del modelo centralizado que históricamente defendió el monopolio estatal en la asistencia social.
¿Apertura real o respuesta forzada a la crisis?
Aunque el Gobierno presenta la medida como parte de una política de “redistribución de cuidados”, analistas consideran que la decisión responde más a la incapacidad del Estado para sostener por sí solo el sistema de atención a adultos mayores.
La medida podría generar nuevas oportunidades de negocio para el sector privado, pero también abre interrogantes sobre el acceso real de las familias cubanas, en un contexto de bajos salarios y crisis económica prolongada.
La normativa comenzará a aplicarse oficialmente dentro de un mes.