Un colectivo que se identifica como #CyberHuntersOp aseguró este sábado haber ejecutado lo que describen como el mayor ciberataque contra la infraestructura digital de Cuba, tras supuestamente obtener acceso administrativo a enrutadores estratégicos que sostienen las comunicaciones del país.
De acuerdo con la información difundida por el grupo en redes sociales, los atacantes habrían logrado vulnerar el enrutador principal del proveedor estatal ETECSA y el enrutador central vinculado al Ministerio de Comunicaciones.
Hasta el momento, ninguna autoridad cubana ha confirmado públicamente el incidente ni ha emitido declaraciones oficiales sobre una posible intrusión en la red nacional.
Equipos de “nivel ISP”
En su comunicado, el colectivo afirmó que no se trata de equipos domésticos, sino de infraestructura de grado industrial, utilizada para gestionar el tráfico de internet a escala nacional.
Expertos en redes explican que este tipo de enrutadores, conocidos como equipos de nivel ISP, controlan el flujo de datos que entra y sale del país. Un acceso total a estos sistemas permitiría en teoría monitorear tráfico, redirigir servicios o incluso interrumpir conexiones.
Sin embargo, no se ha podido verificar de forma independiente que dicho control haya sido efectivamente alcanzado.
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“No es un juego”
El grupo difundió además un mensaje dirigido a las autoridades:
“Esto no es un juego. Hemos demostrado que podemos llegar al corazón de la red. Lo que viene después dependerá de ellos”.
Según su propia versión, por el momento no han interrumpido servicios, aunque aseguran tener la capacidad técnica para hacerlo.
Posibles implicaciones
De confirmarse, el incidente representaría uno de los mayores golpes a la infraestructura digital del país y pondría en evidencia vulnerabilidades en los sistemas críticos de telecomunicaciones.
Cuba mantiene un modelo centralizado de conectividad, donde la mayor parte del tráfico internacional pasa por nodos controlados por el Estado. Cualquier afectación en estos puntos tendría impacto directo en servicios gubernamentales, bancarios y de comunicación pública.
Mientras tanto, el silencio oficial mantiene abiertas interrogantes sobre la veracidad y el alcance real del supuesto ataque.
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